Prólogo de Millon KothariEl derecho a una vivienda digna y adecuada no es sólo una exigencia política y moral. Su satisfacción efectiva es una obligación jurídica contraída por los propios estados tanto en el ámbito del derecho internacional como del derecho interno.Esta publicación pretende contribuir a la delimitación del contenido normativo del derecho a la vivienda y de los deberes que su consagración como derecho positivo supone para los poderes públicos y para los particulares. A partir de un estudio de derecho comparado estatal e internacional, el autor explora diferentes estrategias normativas y jurisdiccionales de exigibilidad del derecho con un objeto preciso: mostrar que la ausencia de técnicas adecuadas de protección, sobre todo en el plano judicial, no responde tanto a la “naturaleza” del derecho como a la falta de “voluntad garantista” de los operadores jurídicos.Es por eso, sostiene el autor, que evitar la degradación del derecho a la vivienda a simple principio programático depende de la capacidad de los colectivos afectados de “apropiarse” de las disposiciones más avanzadas del derecho internacional y del derecho interno con el objeto de hacerlas valer frente a los poderes públicos y privados en diferentes escenarios, comenzando por el local. Más allá de las técnicas institucionales de garantía del derecho a la vivienda, la participación y las luchas de los propios involucrados se convertirían así en piedra de toque de su exigibilidad, no como concesión paternalista, revocable, sino como un auténtico derecho humano.El Observatorio de Derechos Humanos DESC es una plataforma integrada por distintas entidades sindicales y organizaciones por la paz, el desarrollo y los derechos humanos.Gerardo Pisarello (Tucumán, 1970) es doctor en Derecho y Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona. Ha sido Profesor Invitado en distintas Universidades de Argentina, México e Italia y ha publicado varios ensayos sobre los derechos sociales y su exigibilidad. Colabora como asesor e investigador en el Observator
Toda persona tiene derecho a la vivienda. Una vivienda adecuada, como parte de un nivel de vida adecuado, es fundamental para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales. No debe entenderse como limitada solamente a una vivienda básica.
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